El presidente de la organización Sitios de Tizayuca y Anexas, Saúl Rodríguez García, manifestó su desacuerdo con que la empresa Uber opere en el municipio, pues afirmó que esto representaría pérdidas de hasta 60 por ciento para el sistema de transporte público.
El dirigente señaló, sin precisar cifras, que civiles han sido detenidos por laborar de manera irregular a nombre de la compañía, principalmente haciendo viajes rumbo a la Ciudad y Estado de México, en operativos que efectúa constantemente la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) local.
Asimismo, mencionó que el servicio público cuenta con el respaldo del titular de la Semot, José Luis Guevara Muñoz, por lo que, dijo, confían en que la firma estadunidense no ingrese a Tizayuca.
“Su incorporación mermaría a los operadores que al día tratan de ganarse la vida de manera honrada y ser un sustento para sus familias; confiamos en nuestro dirigente (Guevara Muñoz) y en el trabajo del gobernador (Omar Fayad Meneses), pues nos han demostrado ser sumamente comprometidos y responsables”, manifestó Rodríguez García.
Agregó que, de operar en el municipio, Uber incurriría en competencia desigual por factores como concesionamiento y pago de impuestos, los cuales, aclaró, son mayores para los conductores públicos.
En su edición de ayer, Criterio informó que la Semot fue notificada por el Poder Judicial de la Federación (PJF) para responder, en un plazo de tres días, si el marco jurídico estatal tiene alguna reglamentación que prohíba el ingreso de las unidades de la firma de transporte.
Alfonso Marín I Tizayuca
El Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) de Hidalgo responder en tres días a la empresa Uber si la falta de regulación del servicio privado en la entidad le permite operar, pues la ley estatal no lo prohíbe.
Según el amparo 953/2019, otorgado el pasado 18 de noviembre por el juez tercero de distrito Fredy Francisco Aguilar Pérez a la trasnacional, la dependencia deberá contestar el cuestionamiento: “¿Es correcto estimar que, al no estar regulada la nueva modalidad de transporte privado de referencia, los servicios relativos pueden ser prestados libremente en la entidad por no encontrarse prohibidos?”.
Aguilar Pérez explicó que Uber pidió una respuesta desde el 13 de mayo pasado, pero la Semot la otorgó en julio, con lo que transgredió la Ley Estatal de Procedimientos Administrativos, que establece un plazo de 45 días. por lo que consideró que la dependencia incurrió en un retraso injustificado mediante la introducción de trámites innecesarios.
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