El dirigente de la asociación civil Singuilucan Justicia Social, Mariano Aguilar Meneses, anunció que, junto con la Auditoria Gubernamental de la Secretaría de la Función Pública (SFP), interpondrá una denuncia penal por los más de 4 millones 800 mil pesos no comprobados por instancias estatales y la administración local anterior, que representan alrededor de 50 por ciento del recurso destinado al rescate y puesta en marcha de la planta tratadora de aguas residuales ubicada en Las Fuentes.
En entrevista, mencionó que desde años atrás advirtieron de la mala ubicación del sistema depurador, toda vez que se encuentra entre dos manantiales; pese a ello, entre 2017 y 2018 el gobierno federal asignó más de 8 millones de pesos para rescatar el proyecto que permaneció varado durante más de una década.
De dicho recurso, dijo Aguilar Meneses, la Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (Sopot) no pudo comprobar 4 millones 875 mil 519 pesos, lo cual también involucra a la administración pasada, que encabezó Mario Hugo Olvera Morales.
Indicó que lo anterior es resultado de una auditoria que la SFP realizó hace dos años por tratarse de recursos federales y mostró el oficio que el 13 de abril recibió de esta misma dependencia.
“En cuanto a las acciones realizadas derivadas de la visita de inspección para verificar la operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ubicada en Singuilucan, se informa que se auditaron los recursos del ejercicio fiscal 2017, correspondientes al Fondo Regional (Fonregion), ejercidos por la Sopot, en la que se determinaron cuatro observaciones, con una cuantificación monetaria de 4 mil 875 millones 519.43 pesos”, cita el oficio.
María Antonieta Islas
Singuilucan