Ante la falta de respuesta por parte de la alcaldesa Elizabeth Vargas Rodríguez, a partir de este lunes, 97 extrabajadores, con antigüedades laborales de 8 a 18 años –entre los cuales hay cinco positivos a Covid-19, dos discapacitados e igual número de embarazadas–, promoverán demandas contra el ayuntamiento de Acatlán por despido injustificado.

Así lo informó a Criterio uno de los exempleados, cuyo nombre pidió reservar, quien mencionó que el 15 de diciembre de 2020, horas antes de que rindiera protesta al cargo, llegó la ahora presidenta municipal y ordenó cerrar con candado el acceso a la alcaldía aun cuando gran parte del personal se encontraba dentro.

Añadió que, posteriormente, el entonces presidente del Concejo interino y ahora titular de la Contraloría, Marco Antonio Pérez Cervantes, pasó a cada una de las oficinas para pedir al personal un plazo de 30 días para analizar los expedientes de aproximadamente 120 trabajadores, en su mayoría administrativos, barrenderos e intendentes, entre otros.

Lo anterior, dijo el quejoso, pese a que la presidenta municipal y el contralor inicialmente les habían indicado que ese lapso lo ocuparan para descansar y que conservarían su salario; no obstante, el 4 de enero, cuando debían retomar sus labores, ya no lo dejaron entrar al ayuntamiento.

Asimismo, otro de los inconformes señaló que se encuentran a la espera de que les paguen la segunda quincena de diciembre, como les habían informado las autoridades.

Añadió que, por separado, buscaron asesoría de distintos abogados, quienes coincidieron en que reúnen los tres elementos para acreditar el despido injustificado.

No nos permitieron el acceso a nuestro lugar de trabajo, ya existen otras personas en nuestro lugar y ya no nos pagaron”, externó el quejoso.

María Antonieta Islas
Acatlán