El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Rafael Guerrero Gómez, informó que durante el último trimestre, la dirección de Seguridad Pública a través de la llamada “patrulla rosa” ha atendido 36 casos de violencia en contra de mujeres en Tulancingo, de los cuales solo seis de las víctimas aceptaron iniciar carpetas de investigación ante la agencia del Ministerio Público.
Explicó que la atención de este tipo de violencia no es exclusiva de ese equipo, porque el resto de unidades policiales que conforman el parque vehicular de la corporación auxilian a ciudadanas en situación de maltrato.
“Cualquier patrulla puede intervenir y apoyar a mujeres violentadas, pero, de inmediato, debe solicitar la presencia de la unidad rosa”, detalló.
Recordó que hace tres meses entró en circulación la “patrulla rosa”, lapso en el cual detectaron que parte de quienes agreden lo hacen bajo influjos de alcohol o drogas.
Puntualizó que, aun cuando los policías atienden los llamados, se enfrentan a la negativa de las afectadas para proceder en contra de sus agresores; incluso, de 10 víctimas, máximo tres aceptan iniciar carpetas de investigación.
El secretario de Seguridad Ciudadana ubicó a la parte alta de la ciudad, principalmente a la colonia Francisco I. Madero, en Tulancingo, con la mayor incidencia de casos de violencia de género o doméstica.
Las agresiones en contra de mujeres forma parte de los cinco ilícitos más cometidos.
María Antonieta Islas | Tulancingo
También te puede interesar: Por no pagar pensión alimenticia, lo vinculan a proceso, en Tulancingo
Por su probable responsabilidad en incumplimiento de obligaciones alimentarias, un sujeto fue vinculado a proceso, en el municipio de Tulancingo
Los hechos que se le imputan ocurrieron en Tulancingo de Bravo desde el enero del 2018 hasta abril del año que transcurre, cuando una persona, identificada como José Luis N”, dejó de proporcionar lo establecido por la ley para la manutención de dos menores de edad.
Ante el incumplimiento de dicha obligación, la persona a cargo de la tutela de las personas afectadas acudió ante la Subprocuraduría de Derechos Humanos y Servicios a la Comunidad para solicitar el inicio de la carpeta de investigación correspondiente.