Quitan seguridad… y arde Cruz Azul
 
Hace (22) meses
 · 

Detienen a Víctor Garcés, ex director jurídico de Cruz Azul
Foto: Miguel Martínez

Compartir:

El zafarrancho del pasado miércoles en la planta de Cruz Azul, que dejó un saldo de ocho muertos y 11 heridos, sucedió unos días después de que fuera retirada la fuerza pública que la resguardaba, como consecuencia de una decisión de la Fiscalía General de la República (FGR).

Apenas 20 días antes, la de-legación de la FGR en Hidalgo dictó la consulta para archivar una carpeta de investigación en la que había ordenado medidas de seguridad que mantenían a agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tula (SSP) vigilando las instalaciones de la cementera.

Con el “carpetazo” en la indagatoria y el retiro de la policía, quedó la vía libre para el intento de toma violenta del miércoles, el cuarto que se lleva a cabo desde 2018 en esta planta.

En la citada averiguación, la delegación de la FGR en Hidalgo investigaba la embestida anterior en la cementera, registrada la madrugada del 15 de diciembre de 2021, en la que se reportaron nueve heridos de gravedad y el robo de cascos y radios del personal de seguridad privada.

Dicho operativo, según un video, fue encabezado por el secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, Mauricio Delmar Saavedra, con más de 100 agentes uniformados y vestidos de civil, portando armas largas, lanzando disparos al aire y bombas lacrimógenas.

La denuncia señala que esta acción fue coordinada por Rafael Anzures, hijo del presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y representante del Consejo de Administración que presiden José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel.

La planta de Hidalgo es la única de las cuatro cementeras de la cooperativa que este grupo no tiene bajo su posesión, ya que está en manos del consejo de Administración de Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales.

Según documentos consultados, el 11 de enero pasado, la FGR dictó las medidas de seguridad y pidió a la Guardia Nacional resguardar durante 60 días las instalaciones, pero la corporación no colaboró. Por ello, la Fiscalía pidió el apoyo de la SSP de Tula.

La FGR llevó a cabo la in-vestigación no solo por portación de armas y robo, sino por violación a la Ley de Amparo, ya que los denunciantes exhibieron una suspensión pro-visional del Juzgado Primero de Distrito en Hidalgo que impedía que terceros trataran de desalojarlos.

Alegaron que el grupo de Marín y Velázquez intentaron asaltar la cementera con base en un acuerdo del Juez 36 de lo Civil de la Ciudad de México, que instruía el aseguramiento de la planta, violando la suspensión del juez federal.

Apenas el 7 de abril la FGR dictó el no ejercicio de la acción penal en esta investigación que se llevó a cabo en contra de Anzures, el secretario de Seguridad Pública estatal, un representante legal del grupo de Marín y Velázquez, así como contra los policías que participaron en el zafarrancho de diciembre.

La Fiscalía determinó que no había elementos para acreditar ninguno de los delitos y por ello archivó el expediente.

Abel Barajas I Agencia Reforma

Compartir:
Relacionados
title
Hace (22) meses
Se dice
/seDiceGift.png
Especiales Criterio
/transformacion.jpeg
Suscribete
/suscribete.jpg

© Copyright 2023, Derechos reservados | Grupo Criterio | Política de privacidad