El ataque armado por parte de un grupo de choque, perpetrado la madrugada de ayer contra las instalaciones de la fábrica de cementos La Cruz Azul, ubicada en Jasso, Tula, fue el tercero en menos de cinco meses, por el control de la planta, la cual es considerada como la “joya de la corona” por los socios cooperativistas.
Desde hace cerca de 20 años, dos grupos de accionistas, siempre cambiantes, se han disputado la administración y las operaciones de la empresa, en la que, hasta el 29 de julio de 2020, Guillermo Álvarez Macías tuvo el control mayoritario, tras casi tres décadas de imponerse en la Dirección General del núcleo.
Sin embargo, para esa fecha, un juez federal radicado en la Ciudad de México (CDMX) giró una orden de aprehensión contra el ahora exdirectivo, acusándolo de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
Tras la desaparición del conocido como Billy Álvarez, un grupo presuntamente afín a este, que hoy tiene el control de la fábrica, situada en el sur de Hidalgo, inició la disputa por La Cruz Azul contra un grupo de socios, encabezados por Víctor Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, conocidos como “la disidencia”, por oponerse a las decisiones de la mayoría de integrantes.
Dichos miembros de la cooperativa supuestamente se pronunciaban por la transparencia y luchaban porque “la riqueza de la cementera volviera a los socios”. Sin embargo, fueron culpados de los hechos violentos de ayer, que derivaron en la muerte de ocho personas y la destrucción parcial de la planta de Jasso.
Los dos intentos de tomas del control de la fábrica cementera ocurrieron el 15 y el 18 de diciembre de 2021.
La primera agresión fue efectuada con un ordenamiento de desalojo por parte de la fuerza pública, en la que participaron la Policía estatal y otras corporaciones.
En aquella ocasión, llegaron 350 elementos, quienes fueron repelidos por trabajadores de la empresa, población y simpatizantes de Federico Sarabia y Alberto Pozo. El segundo ataque ocurrió tres días después, ya sin un sustento legal, pero también fue frustrado por los empleados.
Presuntamente, las incursiones por la fuerza no han sido la única estrategia que los disidentes han utilizado para hacerse del control, sino que se les acusa de actos de sabotaje, como verter químicos en el río Tlautla para pintarlo de azul, de forma intencionada.
Miguel Ángel Martínez | Tula de Allende
Te puede interesar En casi 2 años 4 mil 565 menores han contraído Covid-19
