Funcionarios de la administración municipal de Tula acusaron que son obligados a vender 10 boletos para una novillada en apoyo de los damnificados de las inundaciones, so pena de que les sean descontados de su nómina.

Los quejosos, que prefirieron guardar el anonimato por temor a perder su empleo, detallaron que dicha acción, que atenta contra sus derechos laborales, se realiza a través de la Oficialía Mayor, a cargo de José Alfredo Jiménez Ángeles, quien —aseguran— no es la primera vez que implementa esta medida.

Una de las fuentes consultadas afirmó que en cada evento con causa que ha efectuado la alcaldía para entregar lo recaudado a los afectados, se les ha obligado a vender cierta cantidad de boletos, pero que si no los venden, se les descuenta de sus salarios.

Afirmó que el único argumento que les han dado es que más de 35 mil personas perdieron su patrimonio y “hay que ayudarlas”. Señaló que pese a este discurso, no se ha visto al presidente ni a los funcionarios de primer nivel donando sus salarios.

Además, acusó que más de 100 trabajadores del municipio, a los que se les obliga a vender los boletos, también sufrieron menoscabos a causa de la inundación de septiembre pasado, por lo que algunos “no tienen nada” y apenas empiezan a recuperarse.

Para obtener una versión oficial del tema se buscó a José Alfredo Jiménez, quien no fue localizado en su oficina ni contestó llamadas telefónicas.

Miguel Ángel Martínez I Tula de Allende

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