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En Tula, clausuras con fines recaudatorios, acusan comerciantes


Integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tula, acusaron que desde que comenzó la semana los establecimientos del Centro de la demarcación son objeto de clausuras “arbitrarias” y cobros desmedidos de multas para reapertura por parte del gobierno de Manuel Hernández Badillo, a través de la Dirección de Reglamentos y Espectáculos.

Además, sostuvieron que en el rubro de licencias de funcionamiento hubo incrementos de mil 500 por ciento.

Estela Moreno Cornejo, presidenta del organismo, aseguró que un comerciante quiso acudir a pagar un permiso por un local de abarrotes y que le quisieron cobrar 50 mil pesos por un permiso anual, cuando anteriormente pagaba 3 mil pesos.

En Tula, clausuras con fines recaudatorios, acusan comerciantes
Foto ilustrativa

Calificó el incremento como un abuso y llamó a las autoridades locales a reconsiderar su postura y apoyar a los vendedores de la demarcación, sobre todo del primer cuadro de la ciudad, pues estos sufrieron las afectaciones de la inundación de septiembre pasado, “como para que les clausuren con cualquier pretexto y les cobren multas de varios miles de pesos por reapertura”.

Rigoberto Aguilar, vicepresidente del ente, señaló que por cada sello que coloca Reglamentos es una sanción de 9 mil 800 pesos, más 60 mil, si el comerciante quiere extender su horario.

Por lo anterior, consideró que el “acoso” y multas que ha efectuado el municipio son con fines recaudatorios.

Por separado, Alberto Cruz Rodríguez, uno de los tres propietarios de las abarroteras El Arlequín, denunció que el pasado martes por la noche inspectores de Reglamentos acudieron a clausurar uno de sus negocios, ubicado en la calle Morelos, y que, para ejecutar el cierre, “que se dio de manera arbitraria”, pues no se le notificó ni se le citó previamente, fue utilizada la fuerza pública.

Narró que a él lo jalonearon policías municipales y que uno de sus empleados recibió una golpiza por parte de los uniformados.

El comerciante aseguró que para quitar los sellos de clausura la autoridad pretendió cobrarle 54 mil pesos, mientras que para un permiso para vender dos horas más le requirieron otros 60 mil.

Miguel Ángel Martínez l Tula

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