Luego de que la empresa Sistemas Integrales en el Manejo de Residuos Industriales (Simari) S de RL, ubicada en Tepeji del Río, fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el pasado 2 de mayo por malos manejos en residuos peligrosos, el activista Jonatan Job Morales García, presidente de la asociación Biofutura, consideró que, además de las sanciones, las firmas que atenten contra el medio ambiente también deben estar obligadas a reparar el daño que ocasionaron al entorno.

“Las empresas deben ser responsables de lo que hacen y tengan en cuenta que la salud ambiental y personal depende de que haya buenos procesos, hay que hacer un llamado a que se eviten estos malos manejos y se apeguen a las normas. Más que una sanción ejemplar, se deben aplicar las sanciones que ya están en la ley, ya que muchas veces se les sanciona, pero no se les obliga a resarcir el daño ambiental o que hicieron a la salud de las personas”, expresó en entrevista con Criterio.

Asimismo, el especialista en medio ambiente consideró que, además de Simari, hay algunas otras empresas que pueden ser catalogadas como “altamente contaminantes”, las cuales deberían ser revisadas por las autoridades de procuración ambiental, como las establecidas en la región Tula de Allende o las mineras en la parte norte de Hidalgo.

En su edición del lunes pasado, Criterio publicó que el activista Carlos Álvarez Flores, presidente de la asociación México, Comunicación y Ambiente, consideró el daño ambiental que realizaba Simari podría causar estragos en hasta 10 kilómetros de distancia de la planta de manejo, debido a que el incinerador que ostenta la empresa es “obsoleto” y generaba “humo negro muy tóxico”.

No obstante, Álvarez Flores también recordó que la empresa no fue clausurada por esa razón, sino que fue debido a que tenía bolsas de residuos al aire libre colocadas en el patio, cuando la norma ambiental señala que deben estar almacenadas en una nave industrial.

SEGUNDA VEZ QUE LA CIERRAN

La empresa Simari, ubicada en Tepeji del Río, fue clausurada por la Profepa el pasado 2 de mayo por no cumplir con las normas ambientales de manejo de residuos biológico-infecciosos, aseguró el activista Carlos Álvarez Flores.

Esta no es la única ocasión en que la firma ha sido clausurada, pues en 2021 autoridades municipales hallaron anomalías al asegurar que no contaba con las medidas sanitarias de higiene y equipo de seguridad; sin embargo, volvió a operar meses después.

Las firmas de manejo especial de residuos biológicos, que entre otros materiales trasladan para su destrucción deshechos de hospitales, cobran entre 17 mil y 20 mil pesos por tonelada, de acuerdo con el especialista ambiental.

Irving Cruz | Tepeji del Río

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