El proceso legal contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la inundación de Tula, bajo la figura de responsabilidad patrimonial del Estado, requerirá de seis a ocho meses en su preparación y el litigio tardará en resolverse de dos a cuatro años, informó la barra de abogados que llevará el caso.

Gabino Eduardo Castrejón García, titular del despacho jurídico que encabezará las demandas individuales de damnificados, calificó como “un crimen que no debe quedar impune ni repetirse”, la decisión de inundar Tula.

“La federación, que es la instancia que cometió la negligencia de anegar Tula para salvar al Valle de México debe pagar y hay un 99.9 por ciento de posibilidades de ganar”, refirió.

Acompañado de sus colaboradores, explicó a los afectados que el objetivo es que la Conagua responda por el daño patrimonial y psicológico que derivó de la emergencia.

La defensora Ana Batriz Castrejón Díaz —parte de la barra de abogados— afirmó que Tula “fue inundada por una decisión política”, y que, por ello, deben pagar los responsables, desde los altos funcionarios de la Conagua, hasta el presidente López Obrador.

Añadió que para interponer el proceso legal contra la dependencia se requieren de seis a ocho meses de anticipación y que el litigio tardará en resolverse de dos a cuatro o más años.

Miguel Ángel Martínez I Tula de Allende

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El discurso de los tres niveles de gobierno de que las obras para evitar inundaciones en Tula vayan a estar listas antes de la segunda mitad del año “es falso”, consideran damnificados.

Alberto González Sánchez, residente del lugar, recordó que en 2017, cuando comenzó la construcción de revestimiento del río se habló de un proyecto que se ejecutaría en 16 meses; es decir, que abarcaría desde febrero del citado año hasta mediados de 2018. “Entonces, es imposible que unos trabajos que prácticamente no sufrieron modificaciones se tengan listos en cinco meses y medio”.