Fidencio Martínez Pérez señaló que el sistema judicial ha violentado sus derechos, pues a pesar de tener una suspensión condicional —otorgada el 11 de febrero de 2020 después de ser vinculado a proceso por el delito de lesiones, derivado de la carpeta de investigación 14-2019-217—, el Juzgado Penal de Control de Tenango admitió una apelación judicial extemporánea.

Honorato Suárez, abogado del afectado, explicó a Criterio que el 6 de febrero pasado su cliente fue ligado a proceso por presuntamente haber agredido a José Socorro. M. G., pero al imputado se le concedió el mecanismo alterno de solución.

Según el jurista, la asesora de la víctima solicitó el recurso de apelación 27 días hábiles posteriores en que se concedió la suspensión condicional y se notificó al acusado el 20 de julio.

“Alegando que José Socorro no entendió el proceso, pero la audiencia en que se concedió la suspensión condicional la víctima fue notificada el 12 de febrero, por lo que contaba con tres días a partir del día siguiente para interponer un recurso de apelación”, explicó.

“Martínez Pérez acató dichas condiciones prescritas por el juez, durante los seis meses condicionados, y que concluyeron ayer 11 de agosto de 2020”, precisó el abogado.

De acuerdo con la suspensión condicional, el acusado debía residir en su domicilio actual, ubicado en Santa Úrsula, Huehuetla, evitar el consumo de bebidas embriagantes, no salir del país, no frecuentar el domicilio de la víctima, no portar armas de fuego y pagar 45 mil pesos.

El litigante aseveró que lo anterior se cumplió en tiempo y forma, por lo que la determinación es una “violación a sus derechos”, que contraviene también el acuerdo 43/2020, para reactivar los términos solicitados.

Vanessa E. Romero | Huehuetla