Tras el despido de ocho personas que conformaban el equipo de la Subprocuraduría Regional para la Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia en Tulancingo, una decena de pobladores que iniciaron procedimientos en dicha instancia, dependiente del Sistema DIF Hidalgo, se manifestaron en las inmediaciones de la agencia del Ministerio Público de Tulancingo, en apoyo a los exservidores y para señalar a la procuradora Laura Karina Ramírez de corrupción.

Rocío Sánchez, Beatriz Calixtro y Zindy Leidy Briseño, por separado, detallaron las causas que las llevaron a la subprocuraduría regional, donde, aseguran, recibieron atención y acompañamiento por parte de los trabajadores que hasta el 26 de septiembre eran presididos por Gisel Lara Quiroz; no obstante, señalaron, Ramírez Jiménez no les dio un servicio adecuado.

Coincidieron en que el cese del equipo, que hasta la semana pasada laboraba en la subprocuraduría regional, incidirá en el avance que registran sus respectivos procesos; además, los quejosos calificaron como injusto el despido.

De acuerdo con Lara Quiroz y sus excolaboradores –abogados, trabajadores sociales y psicólogos, con antigüedades de entre dos y siete años–, desconocen el motivo de la rescisión de contrato.

Su baja, dijeron, ocurrió luego de que el 18 de septiembre refutaron una instrucción de la procuradora contraria a derecho y al interés superior de la niñez.

En esa fecha, indicaron, a sus oficinas llegó una mujer, identificada como Martha Maldonado, acompañada de un abogado, quien dijo ser parte del equipo del exsenador Isidro Pedraza. Ambos exigieron notas de trabajo social relacionadas con el caso de una niña de cuatro años, mismas que solo pueden entregar al personal jurídico de la subprocuraduría.

María Antonieta Islas
Tulancingo