Según el Diagnóistico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017, que elabora la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tulancingo tuvo una calificación reprobatoria por quinto año consecutivo, al obtener apenas 4.67 en una escala del 0 al 10.
Dicha calificación ha sido la más baja desde 2012, cuando obtuvo 5.4; dos años atrás (2010 y 2011) registró un promedio de 6. En 2013 la evaluación descendió a 5.5, hasta llegar a 4.65 en 2016.
La calificación general de la CNDH en 2017 sobre los centros penitenciarios de Hidalgo es de 4.80. De acuerdo con dicho diagnóstico, el Centro de Reclusión de Tulancingo es el segundo peor evaluado a nivel estado. Pachuca alcanzó una calificación de 5.20; Tula, 4.79, y Actopan, 4.59.
Actualmente la cárcel de Tulancingo solo observa una apropiada atención a personas con VIH/sida. Entre los problemas detectados por parte del organismo nacional se encuentran: sobrepoblación y hacinamiento, deficiencia en los servicios de salud, la de supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, condiciones de autogobierno, presencia de actividades
ilícitas, presencia de cobros (extorsión y sobornos).
Otra de las observaciones es la deficiencia en condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad.
Durante la supervisión, la CNDH detectó la falta de capacitación del personal penitenciario, deficiente integración del expediente técnico-jurídico, así como la mala la atención a personas indígenas, con discapacidad, e insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria.
Nathali González
Tulancingo
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