Integrantes de la organización Unidos por Tula (UxT) afirmaron que podrían denunciar a los ocho integrantes del Concejo que estuvo a cargo del ayuntamiento de Tula de Allende entre el 5 de septiembre y el 14 de diciembre del año pasado por negarse a investigar y fiscalizar la administración del exalcalde Gadoth Tapia Benítez, quien gobernó de 2016 a 2020.

El director y fundador de la asociación, Noé Paredes Meza, aseguró que, mediante investigaciones realizadas por UxT, detectaron probables anomalías por 60 millones de pesos en el rubro de obras públicas.

Paredes Meza indicó que el agravio contra el erario público habría sido realizado mediante 40 contratos duplicados, algunos de los cuales, agregó, presentan costos inflados.

Dentro de dichos 60 millones de pesos, dijo, no se cuentan 6 millones correspondientes a la adquisición de un software del que “nunca se supo si realmente fue comprado”.

La organización especuló que dicha compra pudo justificarse con facturas expedidas por ocho empresas fantasma, lo que implicaría que el exedil incurrió en lavado de dinero y fraude fiscal.

Paredes Meza añadió que, a su parecer, la extitular del Concejo no reveló las anomalías debido a que se sintió comprometida con el exalcalde pues recibía 29 mil pesos mensuales por parte del ayuntamiento por servicios de difusión de información.

PIDEN AUDITORÍA

Los integrantes de Unidos por Tula (UxT) advirtieron que notificaron de las irregularidades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP), para que la dependencia audite a la administración de Gadoth Tapia

Miguel Ángel Martínez I Tula de Allende