Debido a que el agravio no fue al municipio, sino al estado, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) negó a la síndica procuradora de Singuilucan, Claudia Casasola Cárdenas, el acceso a la carpeta de investigación iniciada contra el edil Marco Miguel Taboada Vargas, vinculado a la llamada Estafa Siniestra, por el probable desvío de 110 millones de pesos, de los cuales supuestamente ya reembolsó 26 millones.

Casasola Cárdenas informó que esa fue la respuesta que recibió de la PGJH a la promoción que en enero del presente año ingresó para tener acceso a dicha carpeta de investigación.

“Sí soy la representante legal del municipio, pero en este caso, el municipio no fue el afectado, el afectado fue el estado y la representación de este la tienen tanto la Contraloría como la Auditoría Superior, entonces, como tal, mi personalidad jurídica no alcanza para tener acceso a la carpeta de investigación”, refirió.

No obstante, reconoció que personal de la procuraduría comentó que ellos le notificarán cuándo podrá acceder a la información requerida, pero por el momento no es posible debido a la secrecía del caso.

La síndica procuradora agregó que, hasta el momento, el presidente municipal tampoco ha respondido formalmente ante el Cabildo a las acusaciones que pesan en su contra y solo ha dicho que es un proceso que está llevando de manera personal.

Aclaró que no es su intención perjudicar a nadie, únicamente busca que se esclarezca la presunta aplicación de ese “recurso extraordinario” en obras y acciones en beneficio del municipio, como la supuesta adquisición de dos patrullas, misma que se hizo, pero con dinero del techo financiero 2022.

María Antonieta Islas I Singuilucan