Luego de que el fin de semana se suscitara un conflicto entre dos grupos de taxistas —uno de los cuales pretende impedir que el otro labore, a pesar de estar reglamentados por la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot)—, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Tula, Ángel Lugo Jiménez, dijo que la dependencia estatal “tendrá la última palabra”.

En entrevista, el regidor dijo que, ante el desacuerdo entre transportistas, ambos grupos sostendrán una reunión con la Dirección Regional de la secretaría el próximo martes.

Lugo Jiménez consideró que la salida “más diplomática y funcional” sería establecer una nueva base de taxistas de cuatro cajones frente o a un costado del tianguis municipal, donde se permita a los 32 integrantes de Taxis Unidos seguir con su actividad lícitamente.

Lo anterior, señaló, a fin de que no se les impida trabajar, ya que, abundó, es un derecho humano que está consagrado en la Constitución; sin embargo, reiteró que la última determinación la tendrá la Semot.

El grupo que se opone a permitir que laboren los agrupados en la sociedad Taxis Unidos son concesionarios del servicio público que, de acuerdo con el otro grupo, pretenden monopolizar el servicio de transporte particular en Tula y demarcaciones aledañas.

El pasado jueves se sostuvo una primera reunión entre ambas partes, después de la cual se determinó que, a partir de este fin de semana, los Taxistas Unidos ya no podrían laborar en el centro de la ciudad ni en el municipio, por lo que los afectados buscaron el apoyo de regidores como Miguel Ángeles Arroyo, Ricardo Baptista González y Ángel Lugo Jiménez.

AFECTADOS

Son 32 trabajadores del volante a los que se determinó infraccionar a partir del viernes si es que laboraban en calles de Tula

El grupo que se opone a permitir que laboren son concesionarios del servicio público

Miguel Ángel Martínez I Tula de Allende