Erik Guerrero Bautista, titular de la Comisión Estatal para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas, dijo que los gobiernos están obligados a trabajar por la justicia social de las comunidades originarias.
Lamentó que siga la discriminación a ese sector y una muestra es la asignación de presupuestos.
Señaló que se han quitado apoyos que beneficiaban a ese sector. “Y no se diga la propia sociedad, que, al referirse a un indígena, ve en su mente un sinónimo de analfabeta, pobreza y marginación”.
Indicó que es necesario que se reconozca que el tema debe ser un asunto transversal en las políticas públicas; es decir, incrementar los recursos en salud, educación, desarrollo económico, social, procuración de justicia, obra pública, cultura, tradiciones, trabajo y Derechos Humanos.
Salomón Hernández | Huejutla
Fortunato González Islas, diputado local del distrito IV, con cabecera en Huejutla, afirmó que las autoridades tienen “una deuda histórica” con los pueblos originarios de la Huasteca, pues consideró que han pasado gobiernos y siguen en condiciones de pobreza y marginación.
González Islas llamó a “pasar del discurso a las acciones concretas y reales”, pues aunque reconoció que ha habido avances, señaló que “falta mucho” para que haya “justicia social”.
Agregó que, a pesar de que se ha legislado a favor de los pueblos indígenas”, no es suficiente entregarles despensas.
Consideró que “no hay mucho de qué sentirse orgullosos como sociedad” mientras “las injusticias sigan vigentes”, pues externó que aún hay violencia sistemática contra las mujeres indígenas y que ser indígena sigue siendo sinónimo de ser pobre: “Hasta que no se resuelvan estos pendientes, seguirá esta deuda”.
