María Antonieta Islas  I Tulancingo

A casi medio año de que concluyó la Feria Tulancingo 2017, el regidor Pedro Hiram Soto solicitó la comparecencia del secretario de Tesorería, José Santillán, para que presentara elementos documentales que acrediten que el manejo del evento anual estuvo apegado a la legalidad, pero su propuesta fue rechazada por la mayoría de integrantes del Cabildo, al considerarla a destiempo y con tintes políticos.

El funcionario, hermano del exedil panista Julio Soto, quien aspira a la candidatura a diputación local por Morena, ofreció copia de su posicionamiento y aseveró que se trata de una petición reiterada que no había expuesto ante el pleno del ayuntamiento por la falta de sesiones de carácter ordinario.

Entre las supuestas irregularidades detectadas, señaló que la feria 2017 fue administrada por un patronato no aprobado por el órgano edilicio, aunada a la opacidad respecto al informe financiero, en el que reportaron ingresos por 17 millones 27 mil 770 pesos y egresos por 16 millones 193 mil 287 pesos.

Tampoco, indicó el asambleísta, el Cabildo autorizó la concesión a cuatro años del estacionamiento y baños públicos, por el que el municipio recibió 9.7 millones de pesos, los cuales no ingresaron a tesorería para luego egresar y ser invertidos en obras ejecutadas en el recinto ferial.

Soto negó que su postura tenga tintes políticos o sea en represalia por la reciente denuncia que el municipio interpuso contra el exalcalde Soto por faltantes en su gestión.