Ayer por la mañana, mediante la fuerza pública, se cumplió una orden judicial a favor de ejidatarios de San Pedro, en Tula, en la que un juez de distrito ordenó el desalojo del predio La Nopalera, que era habitado por más de 100 familias.

Además, aproximadamente 50 viviendas que eran habitadas por integrantes de un grupo conocido como Los Oaxacos fueron demolidas.

El polígono fue ocupado por dicha agrupación desde hace aproximadamente 40 años, lo que, según sus miembros, les da derechos sobre el terreno, por lo que acusaron que el desalojo, del que dijeron no haber sido notificados, es ilegal.

Pese a que inicialmente se opusieron a desocupar el predio, la orden judicial se cumplió, pues más de 400 policías estatales participaron al igual que personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), quienes actuaron como observadores.

La representante legal de los ejidatarios, Fabiola López Ramírez, señaló que la desocupación se realizó conforme a derecho y en apego a la resolución judicial; además, negó que se hayan violentado las garantías individuales de alguien.

Por su parte, uno de los supuestos invasores indicó que se cometieron varios abusos. Reiteró que no fueron notificados de la acción legal e indicó que cuatro de sus líderes fueron aprehendidos ilegalmente en Pachuca.
Además, cuestionó a las autoridades dónde vivirán los desalojados, pues acusó que destruyeron sus viviendas y los dejaron sin su patrimonio.

En tanto, Felipe Cruz, propietario de una tienda derribada, afirmó que el establecimiento era su único sustento, por lo que se quedó sin una fuente de ingresos para su familia.

DISPUTA POR PREDIO

El polígono de La Nopalera, de siete hectáreas de superficie, fue ocupado desde hace aproximadamente 40 años por un grupo conocido como Los Oaxacos

Desde 2014, los ejidatarios de San Pedro exigieron la restitución del terreno mediante un juicio, que ganaron en febrero pasado, por lo que ayer se llevó a cabo el desalojo de los invasores

Criterio constató la demolición de al menos 10 viviendas de block y concreto, así como la de varios cuartos de lámina. En el desalojo participaron más de 400 policías estatales y observadores de la CDHEH

Miguel Ángel Martínez I Tula de Allende