De enero a octubre, las quejas contra delegados ante la visitaduría regional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) en la Huasteca ocuparon el segundo lugar, solo después de aquellas levantadas contra la Policía.

En los primeros 10 meses del año, la visitaduría regional registró 56 quejas: 19 de ellas, contra policías, lo que corresponde al 33.92 por ciento; 14, hacia delegados, es decir, 25 por ciento, y 10 de ellas, contra Ministerios Públicos, 17. 85 por ciento; las 13 restantes no fueron a un sector específico.

De acuerdo con el organismo, las principales acusaciones contra los representantes comunitarios son privación ilegal de la libertad, cobros excesivos, lesiones, despojo, fraude y hasta extorsión.

Durante este año, debido a que se redujo la movilidad en la Huasteca a causa de la pandemia, las quejas disminuyeron en comparación con 2019, cuando fueron 81 en total y, de estas, 30 por ciento fueron contra los representantes comunitarios.

En la Huasteca, cada año hay cambio de delegados, quienes son capacitados por un grupo multidisciplinario para evitar que incurran en faltas administrativas o hasta delitos contra la propiedad o la integridad física de las personas, independientemente que los pueblos se rijan por los “usos y costumbres”.

Estas normas locales son reconocidas constitucionalmente como un forma de autogobierno; sin embargo “no deben de rebasar la ley”, de acuerdo con el abogado y cronista de Hujeutla  Francisco Mojica Mojica.

En febrero, habitantes de la localidad Tula, en Calnali, retuvieron al exalcalde Miguel Jiménez y le aplicaron una multa de 50 mil pesos para dejarlo ir debido a que personal de la presidencia municipal derramó aguas negras y lodo cerca de los mantos acuíferos que utilizan para consumo.

En marzo, habitantes de las localidades Apetlaco, Coamila, Temaxcaltitla y Tezahapa, encabezados por sus delegados, interrumpieron el libre tránsito en el crucero Tres Huastecas para exigir que se pavimente el camino hacia sus comunidades; obras que han gestionado durante varios años y que no han tenido respuesta.

En ese mismo mes, en San Pedro, Huazalingo, la delegación municipal anunció la restricción del acceso a personas ajenas a ese lugar para evitar contagios de coronavirus; asimismo, la prohibición de bañarse en el río. De acuerdo con el documento, las personas foráneas tenían que respetar las disposiciones del representante comunitario.

En abril, se determinó multar con 25 mil pesos a candidatos, vendedores o cualquier otra persona ajena que ingresara a la comunidad El Zapote, Xochiatipan, para prevenir el contagio del Covid-19. La advertencia fue a través de un letrero de los representantes comuni-tarios, ejidales y educativos.

También, Tamoyón I, en Huautla; Tula, en Calnali; Cuxhuacán y Huitepec, en Tlanchinol; San Pedro, en Huazalingo, entre otras, restringieron el libre tránsito de personas por temor a que pudiera registrarse un brote de coronavirus.

Los casos anteriores fueron los que más  problemas generaron y por lo que los delegados fueron acusados ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo.

Salomón Hernández

Huejutla