De las tres unidades de transporte público concesionado que están involucradas en el trasiego de hidrocarburo de procedencia ilícita, una corresponde a la región Tulancingo y otra a Tula, principales focos rojos por el delito de ordeña, confirmó el secretario de Movilidad y Transporte (Semot) de Hidalgo, José Luis Guevara Muñoz.
En su edición del 3 de octubre, Criterio publicó que desde que se aprobó la Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo, el pasado 26 de julio, se deben resolver estos casos.
Tras acudir a audiencia pública en el jardín La Floresta, instó a los transportistas a no meterse en problemas.
“Es (el trasiego motivo para) perder la concesión, es perder el patrimonio y, en muchos casos, perder la libertad. Además, quien juega con fuego se quema, y si se están metiendo en temas delincuenciales, pueden perder otra cosa, incluso, más allá de la libertad”, agregó.
No obstante, el funcionario aclaró que no aplica en automático la revocación de concesiones a unidades de transporte colectivo o taxi ocupados para transportar huachicol.
La normativa aprobada el 26 de julio por la LXIII Legislatura de Hidalgo señala que a aquellos concesionarios que transporten, adquieran o expendan hidrocarburo de procedencia ilícita les será retirado de inmediato el permiso del servicio público.
En estos casos, agregó Guevara Muñoz, es la Procuraduría General de la República (PGR) la que determina si se cometió o no el delito.
“Lo que están considerando nuestros abogados es que, al existir una sentencia de primera instancia, en la que un juez determine que se cometió el delito, procedemos a la revocación de la concesión”, agregó el titular de la Semot.
María Antonieta Islas
Tulancingo