En la sesión de cabildo de ayer, la contralora de Tizayuca, Carlota Cuellar Chávez, fue cuestionada sobre el avance de la denuncia interpuesta contra exfuncionarios municipales por su presunta complicidad para otorgar permisos de compra-venta en el predio denominado El Mogote, donde está el pozo Pamit, que sería vinculado para la incineradora de basura Valorsum –en la comunidad Tepojaco–, misma que no se edificó.

La denuncia fue presentada por el exintegrante del Frente de Comunidades Unidas del municipio Juan Ramón Pérez Sainz, mediante la cual señaló que la relocalización y perforación del cárcamo dotaría a Valorsum de 519 mil 500 litros diarios de líquido provenientes del acuífero Cuautitlán-Pachuca.

Según Pérez Sainz, los funcionarios señalados son los priistas, actuales miembros del Cabildo, Enrique Quezada Susano, y Raúl Segura Jijón. Estos, aseveró, otorgaron la autorizacón para la perforación del pozo en la pasada administración.

Por su parte, el regidor morenista Germán Santiago Flores expuso que Cuellar Chávez únicamente realizó dos determinaciones, pero no turnó el caso al Tribunal de Justicia Administrativa, por lo que incumplió el artículo 109 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Por su parte, la edil manifestó que le dará seguimiento al caso, revisará las escrituras de la fosa y, posteriormente, publicará la información encontrada en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).

En tanto, la presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea tizayuquense, María del Rocío Mendoza López, exigió la contratación de más elementos preventivos para el municipio, ya que, en una reunión que tuvo con el mando Miguel Ángel Sánchez Lugo, este le manifestó que, como mínimo, requiere 10 policías más. Asimismo le informó que 24 aspirantes a la corporación reprobaron sus exámenes de control y confianza este año.

Alfonso Marín I Tizayuca