Pese a que el 22 de julio pasado, el gobernador Omar Fayad Meneses dispuso la clausura del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Atitalaquia, por las acusaciones de pobladores, quienes señalaban incumplimiento del vertedero con la normativa ambiental vigente, el alcalde Lorenzo Agustín Hernández Olguín dijo que el cierre no debió realizarse, ya que no se demostraron las violaciones.
El edil sostuvo que la suspensión definitiva no estuvo fundamentada y solo obedeció a “percepciones de la gente” que se oponía al funcionamiento del sitio, pero que ni a su gestión ni a otras instancias de gobierno se hicieron llegar las pruebas que demostraran los dichos de los inconformes.
Por lo anterior, mencionó que no existe un proyecto para sanear el vertedero que utilizó la empresa Esmex, a pesar de que sí quedó parcialmente lleno y de la exigencia del movimiento No al Basurero para que el sitio sea habilitado, ante la presunta contaminación que dejó por haber recibido los desechos de 10 demarcaciones de la región Tula-Tepeji durante tres semanas.
“No hay intenciones de los gobiernos estatal o municipal por impulsar su saneamiento, se trata de una instalación particular y, por tanto, correspondería a la iniciativa privada decidir si se limpia o no”, dijo el alcalde.
En otro orden de ideas, condenó los señalamientos que se hicieron en su contra, al mencionar que detrás del homicidio del activista J. A. B. estuvo su persona, ya que los dichos se hicieron sin pruebas y solo “al calor del enojo colectivo” que despertó la muerte del integrante de No al Basurero.
Miguel Ángel Martínez I Atitalaquia