La CDHEH inicia queja contra alcalde de Alfajayucan por sanciones
 
Hace (13) meses
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La CDHEH inicia queja contra alcalde de Alfajayucan por sanciones
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La Comisión de Derechos Humanos del estado de Hidalgo (CDHEH) inició una queja de oficio contra el presidente municipal de Alfajayucan, Alfredo Feregrino Martínez, por aprobar y avalar la sanción de 20 mil pesos para quien altere el orden público en la comunidad de La Piedad.

El organismo confirmó que se ha iniciado el procedimiento para investigar este caso que violenta los derechos humanos en el municipio.

La investigación se da en torno al acuerdo de Cabildo llevado al pleno por parte del presidente municipal para aprobar esta sanción, que ha sido considerada como excesiva por parte de la comisión.

Regidores de oposición consideraron también, en días pasados, como necesario llevar a la asamblea este punto de acuerdo, porque no está dentro de las facultades ni del Poder Ejecutivo, como tampoco de los ediles aprobar una sanción de esta naturaleza que es producto de los usos y costumbres.

Antonio Reyes

Alfajayucan

 

La sanción aprobada por el presidente municipal de Alfajayucan, Alfredo Feregrino Martínez, de multar con 20 mil pesos a quien escandalice en la comunidad La Piedad, además de ser inconstitucional, podría constituir una violación a las garantías individuales, de acuerdo a un abogado consultado por Criterio y con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH).

El litigante Michael Bautista informó que no está entre las facultades constitucionales del presidente avalar una sanción que es “excesiva y que no está normada por parte del Bando de policía y buen gobierno”.

Agregó que avalar la aplicación de la multa transgrede la ley, porque, dijo, las comunidades pueden tener sus propias normas, pero que la autoridad municipal las autorice es “simplemente una ilegalidad”.

En caso de aplicarse, dijo, se puede recurrir a un recurso de inconstitucionalidad y proceder contra el ayuntamiento, porque se violentan derechos humanos. Lamentó la ignorancia del Poder Ejecutivo local y de sus asesores legales de llevar al pleno un tema que supera las facultades normativas del ayuntamiento.

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