Ejidatarios de Tula mantienen un bloqueo en el relleno sanitario regional, donde se quedaron a pernoctar la noche del lunes.

Encabezados por el comisariado ejidal Aristeo Hernández Mendoza, exigen el pago de 2 millones 800 mil pesos, como indemnización, a cada municipio que vierte desechos ahí.

Desde 2017, integrantes del ejido de Tula han señalado que, en siete años, tiempo que tiene operando el espacio a cielo abierto, el terreno que ocupa ha sufrido daños ambientales.

Por ello, piden que cada ayuntamiento pague una compensación anual de 400 mil pesos, lo que representa 2 millones 800 mil pesos por alcaldía.

Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tlahuelilpan, Tlaxcoapan y Tula son los municipios que tiran sus desechos en este relleno, por lo que los ejidatarios exigen, en total, una cifra cercana a 14 millones de pesos.

Octavio Magaña Soto, secretario general de Tula, arribó al basurero durante la noche del lunes para dialogar con los inconformes, pero no logró ningún acuerdo, como él mismo informó.

El funcionario aseveró que buscan realizar una reunión en la que participen sus homólogos de los ayuntamientos involucrados, para hacer una propuesta a los campesinos sobre la liberación de los accesos al relleno sanitario, antes de que la falta de recolección de la basura se convierta en un problema social.

“Estamos en constante diálogo. En esta ocasión no han señalado alguna cantidad de dinero por cubrir, esperamos que en las próximas horas se les haga llegar una propuesta y así poder resolver esta problemática; por lo pronto, continuamos en pláticas”, dijo.

SUCESOS:

El 27 de agosto de 2014, bajo el expediente CDHEH-VGJ-2735-13, la CDHEH emitió una recomendación en la que señala que, de acuerdo con las pruebas presentadas por los demandantes, se violan los derechos humanos a disfrutar de un medio ambiente sano, por la contaminación del relleno sanitario.

La recomendación fue dirigida a la anterior administración estatal y las de los ayuntamientos que fungieron de 2012 a 2016.

Sin embargo, no ha sido atendida, según informó a Criterio Argelia Velázquez, representante legal de los ejidatarios.