El dictamen del ayuntamiento de Tula respecto a la antena de telefonía celular de la comunidad de Pueblo Nuevo señala que el artefacto no puede operar, puesto que no cumple con los requisitos mínimos para ello; sin embargo, el documento dicta que si cubren todos los requerimientos, el aparato podrá funcionar.

En sesión de Cabildo, la Comisión de Gobernación, Bandos y Circulares dio a conocer el resolutivo, que provocó la inconformidad de habitantes de la calle Melchor Ocampo, quienes temen que dicho dispositivo represente un riesgo para su salud.

En el encuentro de la Asamblea, la regidora Lizeth Arteaga Pérez leyó la resolución, en la que se determinó que no era viable la operación del artefacto por incumplir los requisitos mínimos, como estar asentado a menos de 500 metros de la zona urbana y que el terreno donde se ubica no está destinado para ese uso.

El dictamen también indica que, aunque los propietarios de la antena cuentan con la licencia de construcción, emitida por la Dirección de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, la dependencia la expidió sin que se cumpliera con la normativa requerida para tal efecto.

En tal sentido, el resolutivo pide una investigación de la Contraloría interna contra la titular del área, Katia Miranda Tolentino, a fin de sancionar si hay elementos para hacerlo.

Arteaga Pérez defendió a la funcionaria y dijo que la expedición del permiso se debía a desconocimiento, no a corrupción y, por tanto, si la empresa cumplía con la documentación necesaria para su funcionamiento, entonces se le debía de otorgar el permiso.

Miguel Ángel Martínez I Tula de Allende