Berenice Pecina Jiménez, titular de la Gran Asamblea de Damnificados Tula 2021, interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), en contra del ayuntamiento por el caso de los colchones contaminados entregados a afectados de la anegación de septiembre de 2021.
En entrevista, la representante social indicó que la querella se presentó el 27 de febrero pasado, con la que buscan una recomendación para el Ejecutivo tulense y sus funcionarios, como los directores de Adquisiciones, Juan León Monroy, y de la Contraloría interna, Gabriela Patricia Ponce Esparza.
Pecina Jiménez aseveró que el recurso se inició en estos días porque hasta diciembre pasado se conoció que el caso había quedado sin efecto por parte de la Contraloría local, lo que, dijo, resulta inaudito, dado que se presentaron todas las pruebas para que el abuso no quedara impune; sin embargo, fue desechado.
Además, afirmó que fue hasta febrero pasado que se conoció el dictamen de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), en el cual el tema de los 763 colchones sí tuvo una observación por un monto de un millón 74 mil 497 pesos y 97 centavos.
Lamentó que en el dictamen emitido por el Órgano de Control Interno León Monroy solo haya sido sancionado con una amonestación, pese a que puso en riesgo la salud y la integridad pública, al haber avalado la compra de los insumos “de porquería”, con restos de heces fecales, orines, toallas femeninas y hasta chinches.
Sostuvo que se va contra el Ejecutivo tulense por ser la cabeza del gobierno en turno (2020-2024), por lo que “resulta imposible que no haya tenido conocimiento de la calidad de los camastros que se compraron”.
La lideresa del los damnificados señaló que “hubo complicidad” para la compra de los colchones por parte de integrantes del ayuntamiento.
Miguel Ángel Martínez I Tula de Allende
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