El alcalde de Tula, Manuel Hernández Badillo, no es neutral ni queda en medio de la problemática derivada de la disputa interna por la cementera La Cruz Azul, como aseveró a medios de comunicación, sino que toma partido para proteger a quienes mantienen “secuestrada” la planta, señalaron pobladores.
Los habitantes, quienes prefirieron no identificarse, indicaron que el municipio no es ajeno al conflicto, puesto que las patrullas mandadas por la alcaldía han dejado desprotegidos a los ciudadanos y se dedican a resguardar y cuidar a la gente que tiene control de la fábrica.
Externaron que hay evidencia de que al momento, que pasó una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública local (SSP), se estaban metiendo a robar y vandalizar una casa en Ciudad Cooperativa Cruz Azul “a plena luz del día, y en lugar de indagar qué está pasando, la unidad hizo caso omiso”.
Además, acusaron que el presidente municipal tenía conocimiento de que la célula delictiva que operaba en esa localidad estaba sacando a las personas y familias de sus casas con amenazas.
Acusaron que, a pesar de saber de todas las acciones delictivas que se estaban cometiendo por parte de los Alvaristas, “nunca hizo nada para proteger a la población y hacer valer el Estado de Derecho, todo esto porque los transgresores son sus cuates”.
Los pobladores de la comunidad Cruz Azul acusaron al alcalde de estar a favor de uno de los dos grupos (el de los Alvaristas), por lo que, indicaron, “el Ejecutivo no queda en medio, sino que toma partido a favor de la ilegalidad”.
Miguel Ángel Martínez | Tula de Allende
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió una recomendación general a los 84 ayuntamientos, a efecto de mejorar la infraestructura de este tipo de espacios y que cumplan con los estándares mínimos necesarios.
El director de Análisis y de Contexto de la CDHEH, Óscar Chargoy Rodríguez, señaló que, si bien ha habido avances por parte de las alcaldías, se siguen observando deficiencias estructurales y para la impartición de justicia, con el argumento de que no cuentan con recursos para mejorar las cárceles locales.
