Los fallecidos por la explosión de una toma clandestina de gasolina de Petróleos Mexicanos (Pemex), en San Primitivo, comunidad ubicada en los límites de Tlahuelilpan y Tlaxcoapan, no eran personas que se dedicaran al robo de combustible, sino víctimas de las circunstancias, expresó Adrián Galindo Castro, profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
En entrevista con Criterio, el académico explicó que, si bien los fallecidos cometieron una acción indebida, “estos se confiaron de las circunstancias, obviamente el problema del huachicol es algo de hace tiempo, que ha generado profesionales del robo, pero estos no eran profesionales, eran gente que quiso aprovechar la situación, como cuando se voltea un tráiler y lo saquean, ellos no provocaron la situación, en dado caso fueron los que provocaron la fuga”.
No obstante, el especialista puntualizó que la pobreza también pudo haber sido un factor que llevó a los pobladores a “tomar una mala decisión”, por lo que no se puede responsabilizar a la empresa o al Estado de no haber actuado, ya que sí hubo un llamamiento para desalojar el sitio, pero los presentes hicieron caso omiso, situación que derivó en una tragedia.
“Es erróneo pensar que estas personas se habían privilegiado mucho del robo, pues no es cierto, eran personas pobres y la pobreza muchas veces te lleva a cometer actos indebidos y esto es contraproducente y terminan perdiéndolo todo”, puntualizó el también coordinador de la licenciatura en Sociología de la casa de estudios.
En ese sentido, Galindo Castro recalcó que es importante retomar el memorial que se construiría en la Zona Cero, esto, “hasta por cuestión pedagógica”, para conocer lo que no debe hacerse y recordar el accidente ocurrido el 18 de enero de 2019, en donde al menos 137 personas murieron calcinadas o en el hospital por la gravedad de las quemaduras; así como casi 200 menores de edad huérfanos.
“Considero que parte de cambiar esta opinión (social de que eran rateros) es el monumento a las víctimas… que quede una memoria de este accidente, de la mala decisión que tomaron estas personas, finalmente fueron víctimas de su propia mala decisión y lo que podemos rescatar de eso es que no vuelva a ocurrir”, sentenció.
En su edición de ayer, Criterio publicó que, a tres años de la tragedia, en Tlahuelilpan no solo persiste el dolor por la muerte de 137 personas, sino que los pobladores de la zona han señalado incumplimiento en la entrega de apoyos por parte de las autoridades, especialmente para las mujeres que quedaron viudas y los huérfanos.
El 19 de marzo de 2019, dos meses después de la explosión en una toma clandestina ubicada en la comunidad San Primitivo, una oncena de deudos firmó una minuta con las autoridades, que contemplaba seis acuerdos.
El primero era la gestión y compra del terreno en que ocurrió la deflagración para construir un memorial; el segundo, generar mecanismos para crear empleos; el tercero, un censo para entregar apoyos sociales; el cuarto, atención médica; el quinto, pruebas de ADN para identificar a los fallecidos, y el sexto, mantener contacto entre gobierno y un comité conformado por familiares de las víctimas.
Adela Garmez
Pachuca
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