Aun con la pandemia de Covid-19, en 2020 no hubo un cambio sustancial en materia de seguridad respecto al año previo, considera el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).

“Es difícil asegurar que la disminución porcentual de 0.4 por ciento en números absolutos de las víctimas de homicidios (que equivale a 1.28 por ciento en tasa por 100 mil habitantes) sea un éxito derivado de una acción o política pública de la autoridad federal”, indicó Francisco Rivas, director de la organización civil.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó el pasado miércoles que el homicidio disminuyó 0.4 por ciento, pese a que 2020 fue el segundo año con más víctimas del que se tenga registro.

“No se observa alguna política pública específica a la que se pueda vincular con este descenso mínimo. Es importante no confundir a los ciudadanos entre el comportamiento independiente de los delitos y la inexistencia de una política pública exitosa: por el contrario, 2020 fue un año decepcionante en seguridad”, remarcó Rivas.

Al presentar el Análisis del comportamiento de delitos en 2020; enfoque especial en homicidio doloso, señaló que la baja en la tasa de las víctimas fue una de las consecuencias de la disminución de la movilidad en el contexto de la pandemia, en particular durante diciembre.

“En el 2020, la violencia homicida se mantiene en un máximo histórico, así lo indican las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este escenario es resultado de la falta de coherencia entre las políticas con las que se pretende pacificar al país y de la incongruencia entre lo prometido en campaña y lo realizado como gobierno”, expuso en conferencia vía remota.

“México no ha sido pacificado, sino militarizado. La defensa nacional es una labor secundaria del Ejército que ahora crea empresas para administrar aeropuertos, aduanas, puertos y trenes. La exoneración del extitular de la Sedena, el general (Salvador) Cienfuegos, es la muestra más clara del poder de las Fuerzas Armadas y del menosprecio del gobierno federal por la justicia”.

En el estudio se destaca que Colima, Baja California y Guanajuato se mantienen como las entidades más letales.

Resalta que una de cada cinco carpetas de investigación de homicidio doloso se abren en ocho municipios: Tijuana, Ciudad Juárez, León, Celaya, Cajeme, Guadalajara y Zamora.

Benito Jiménez
Agencia Reforma