Por cuatro votos contra tres, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmaron la investigación del INE por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña de la elección presidencial de 2024 de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Sheinbaum había impugnado la admisión del trámite por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, así como el cuestionario que le envió, por considerar que la inducían a autoincriminarse sobre distintas participaciones en eventos públicos.
La Dirección General de Servicios Legales del Gobierno de Ciudad de México fue la encargada de interponer el recurso en contra del procedimiento del INE.
A propuesta del magistrado ponente Felipe Fuentes, sus compañeros Reyes Rodríguez, Felipe de la Mata y Janine Otálora desestimaron las razones alegadas por la morenista.
Al defender su proyecto, Fuentes hizo notar que los requerimientos fueron dirigidos a Sheinbaum en su calidad de jefa de Gobierno de Ciudad de México.
El INE había requerido a la mandataria capitalina que precisara si asistió a eventos públicos que fueron denunciados por algunos partidos políticos; que informara el motivo de su asistencia y la participación que tuvo; que precisara si emitió declaraciones y que estableciera si tiene pensado contender a una candidatura a la presidencia de la República.
Fuentes recordó que en la denuncia del PRI se planteó que la funcionaria “ha estado distrayendo su función pública” con presuntos actos anticipados de precampaña y campaña y consideró que se le requirió información en su calidad de ciudadana y servidora pública.
El Tribunal Electoral solo confirmó admitir a trámite la queja por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, que incluye el cuestionario que le enviaron a Sheinbaum.
Con la resolución, la unidad del INE seguirá el procedimiento y con la información que recabe podrá decidir si sigue con el caso y si emplaza a las partes involucradas.
En contra del proyecto votaron los magistrados Indalfer Infante y José Luis Vargas por considerar que el representante jurídico que interpuso el recurso carecía de legitimidad legal, pues era un proceso que se debería seguir en su calidad de ciudadana y no de servidora pública.
Guadalupe Irízar I Agencia Reforma
