El proyecto de dictamen de la Ley de Austeridad pretende acabar con los excesos y el despilfarro del gasto público; entre sus medidas busca prohibir la compra o renta de vehículos de lujo y las contrataciones de seguros en beneficio de los funcionarios.

Indica que las dependencias federales están obligadas a acatar la ley para combatir la desigualdad social, la corrupción y la avaricia de los bienes y recursos nacionales, a fin de hacer eficiente el gasto público.

La norma que se pretende aprobar hoy en comisiones, para presentarla mañana ante el pleno, también busca hacer uso responsable, eficiente y eficaz de los recursos públicos salvaguardando el patrimonio del Estado.

“Esta ley tiene por objeto regular y normar las medidas de austeridad que deberá observar el ejercicio del gasto público federal para coadyuvar a que los recursos económicos de que se dispongan se administren con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez, conforme lo establece el artículo 134 de la Constitución.

“Sus disposiciones son aplicables a todas las dependencias, entidades, organismos y demás entes que integran la Administración Pública Federal. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, darán cumplimiento al presente ordenamiento de conformidad con la normatividad aplicable a cada uno de ellos”, cita la propuesta del primer artículo de la ley.

Como medidas de austeridad se prohíbe la compra o renta de vehículos de lujo o cuyo valor supere los 366 mil pesos, para el transporte y traslado de los servidores públicos.

Además, los vehículos oficiales solo podrán destinarse a actividades públicas prioritarias y a la prestación de servicios directos a la población.
La Ley prohíbe la compra o renta de equipos y sistemas de cómputo en el primer año de cada inicio de administración del Ejecutivo federal, y las contrataciones de seguros -como los de separación individualizado o cajas de ahorro de ahorro- en beneficio de los funcionario con recursos  del Estado.

“No se realizarán gastos de oficina innecesarios. Se prohíbe remodelar oficinas por cuestiones estéticas o comprar mobiliario de lujo; también se prohíbe el derroche en energía eléctrica, agua, servicios telefónicos, internet, gasolinas e insumos financiados por el
erario”, señala.

Establece que los funcionarios públicos de alto mando y servidores públicos de confianza deberán trabajar de lunes a sábado, en los términos y condiciones que fije la normatividad correspondiente.

Cambios

Las oficinas de Comunicación Social de todas las dependencias se centralizan en la Oficina de la Presidencia de la República.
Las oficinas de compras públicas y contrataciones hacen lo propio en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.
Las oficinas de Asuntos Jurídicos se centralizan en la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República

Otras modificaciones:
Las imprentas y oficinas relacionadas la edición, las artes gráficas e impresión de documentos oficiales se centralizan en los Talleres Gráficos
de México.
Todos los temas relacionados con el control interno y la fiscalización se centralizan en la Secretaria de la Función Pública.

Claudia Salazar I Agencia Reforma