La única manera para enfrentar la crisis que vive el país por la pandemia de Covid-19 es con un pacto nacional en el que participen todos los sectores.
Por ello, gobernadores, empresarios, líderes de partidos, dirigentes sociales y sindicales, legisladores, artistas y académicos exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador dejar su cerrazón a un lado y sentarse a la mesa para delinear acciones inmediatas.
Demandaron al primer mandatario aceptar que no es momento para continuar con sus megaobras, como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o estadios de beisbol, pues ese presupuesto es urgente para reactivar la economía.
Durante su participación en el foro virtual Diálogo Nacional por la Reconstrucción, organizado por Futuro 21, coincidieron en que el presidente se escuda en un supuesto ataque político para no escuchar las voces de expertos que advierten la peor crisis en salud, seguridad, política, economía y social.
Líderes empresariales lamentaron que el presidente no entienda la importancia de apoyar a las empresas, principalmente a las Pymes, diferir el pago de impuestos, subsidio al empleo y créditos reales.
José López Campos, presidente de Concanaco-Servytur, advirtió que los 25 mil pesos que el gobierno ofrece sirven para negocios familiares, pero no para las empresas que realmente generan el mayor número de empleos.
El presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, insistió en que el gobierno debe cancelar sus obras emblemáticas para aportar 96 mil 844 millones de pesos al plan salario solidario, con el que se protegerán 20 millones de empleos de trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos.
Los gobernadores de Coahuila, el priista Miguel Ángel Riquelme; de Chihuahua, el panista Javier Corral, y de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles, insistieron en la necesidad de modificar el Pacto Fiscal, pues ante los precios del petróleo se debe reenfocar el presupuesto
Corral aseguró que esta crisis ha evidenciado que la ley de coordinación fiscal no sirve a nadie y la fórmula de distribución, de 80 por ciento gobierno federal y 20 el estatal, es injusta
Érika Hernández
Agencia Reforma
