El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, defendió las propuestas de establecer Ley Nacional de Justicia Cívica y un Código Nacional Penal para mejorar la procuración e impartición de justicia.

Sobre la primera, el funcionario dijo que debe ser una norma que se aplique todos los días en todos los municipios, para la defensa de los ciudadanos.

“En materia de justicia no debe haber diferencias, todos los mexicanos somos iguales, todos los mexicanos debemos tener los mismos derechos y el mismo marco jurídico”, expresó.

“Aunque quien lo aplique sean las autoridades que competencialmente les corresponda, de acuerdo con los municipios, los estados, pero bajo una normatividad que sea aplicable para todos, con un criterio que sea universal para todos”.

Durante el foro virtual Desafíos de la justicia mexicana, organizado por el Senado, Gertz también subrayó la importancia de contar con un código nacional penal.

“En términos generales debemos tener todos el mismo derecho y todos las mismas facultades para defender nuestra convivencia y nuestra vida”, indicó.

“Si nosotros no tenemos esa Ley de Justicia Cívica, si no tenemos un Código Penal Nacional, si no vemos en el Código de Procedimientos todos los avances que ha tenido y todos los problemas que se ha reportado, no vamos a resolver el problema”.

El siscal subrayó que se requiere un proyecto general y global de carácter penal, que abarque todo el tránsito del fenómeno criminal, desde la prevención hasta la sanción.

“Yo creo que ya debe acabar ese sistema de quién le echa la culpa a quién, para encontrar un sistema de quién asume la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros”, apuntó.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que existe en México un clamor popular de justicia, por lo que, dijo, es momento de que ésta se dé a todos sin importar
su condición.

Aseveró que el gobierno federal impulsa una auténtica justicia social incluyente, con perspectiva de género y que proteja a los grupos más vulnerables.

“Y ese es un compromiso de este gobierno, el de la Cuarta Transformación, del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, una auténtica justicia social, una justicia social que vea también con perspectiva de género, que vea con la inclusión de las minorías, que el Estado de Derecho proteja a los grupos más vulnerables”.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, afirmó que para que exista una transformación del Estado es necesario una renovación del Poder Judicial, con una justicia para todos y sin simulaciones.

“No permitamos la simulación, no se trata de maquillar o disfrazar la realidad. La justicia en México ha vivido desde hace décadas un cáncer terminal conformado por la corrupción, el nepotismo y la impunidad. Estos deleznables parásitos se han arraigado en los aparatos de procuración de justicia en el país y es momento de terminar con ellos”, señaló.

Antonio Baranda y Mayolo López
Agencia Reforma