El Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrentó en 2022 la carga de trabajo más alta de su historia, impulsada por amparos administrativos contra actos de los tres niveles de gobierno, pero también por la reforma laboral, que ahora lo obliga a resolver disputas que correspondían a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
El ingreso de nuevos asuntos a los juzgados sumó un millón 346 mil expedientes, superando en 14 por ciento la marca previa fijada en 2019, que fue un millón 176 mil casos, según datos oficiales del Consejo de la Judicatura
Federal (CJF).
El PJF comenzará el 2023 con 525 mil casos pendientes de resolver en todas las materias, también por mucho una cifra récord, pues es 11.4 por ciento más alta que la de inicio de 2022.
El rezago ha ido creciendo en los últimos años, luego de un periodo de relativa estabilidad en la década pasada, cuando la carga de inicio de año osciló en varias ocasiones entre 200 y 300 mil expedientes. El ingreso de asuntos laborales fue de cerca de 300 mil, mientras que el máximo histórico en esa materia era de 257 mil, también en 2019, previo a los dos años de restricciones por la pandemia de Covid-19, cuando se redujo notablemente la actividad judicial.
En su cuarto y último informe anual, rendido el pasado 15 de diciembre, el ministro presidente Arturo Zaldívar describió esta reforma como “un reto mayúsculo” para el PJF, que en cuatro años ha tenido que instalar 93 tribunales especializados para atenderla. Destacó que los casos se están resolviendo en pocos meses, de manera ágil y transparente.
El amparo en materia administrativa también fijó nuevas marcas en 2022, pues para finales de octubre –fecha del dato más reciente disponible– ya sumaban 413 mil demandas, cuando el máximo anual era de 353 mil.
Con ello, la Judicatura Federal sigue experimentando una paradoja recurrente desde la reforma judicial de 1995: mientras más tribunales y juzgados se instalan –ya suman 956, sin contar Plenos de Circuito– mayor es la demanda de sus servicios, así como la carga pendiente para el año siguiente.
Este proceso continuará en 2023. El CJF tiene planeado instalar otros 46 tribunales laborales, los cuales costarán 298.7 millones de pesos, además de seis Centros de Justicia Penal Federal, con lo que se llegará a 47. También están previstos otros seis tribunales para otras materias.
Víctor Fuentes I Agencia Reforma
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