El dictamen para crear la Ley de Comunicación Social, que se discutió desde ayer en la Cámara de Diputados, abre la puerta a la corrupción en la entrega de recursos públicos, advirtieron organizaciones civiles.

Fundar y Artículo 19, las cuales interpusieron el amparo por el que la Corte ordenó al Congreso legislar en la materia antes del 30 de abril, junto con otras 133 organizaciones y ciudadanos con interés en el tema, pidieron a la Cámara de Diputados no aprobar esa iniciativa.

“De ser aprobado, sería una simulación flagrante de la garantía a la libertad de expresión y viola los acuerdos de parlamento abierto que esta legislatura ha adoptado con la sociedad”, advirtieron.

Y como en su momento lo hizo el colectivo #SeguridadSinGuerra en la discusión de la Ley de Seguridad Interior, ahora las organizaciones firmantes demandaron un debate amplio antes de expedir la ley que regularía el uso de la publicidad gubernamental.
Mediante un comunicado, las organizaciones señalaron que el dictamen que hoy se discutirá sólo retoma la iniciativa presentada el 13 de marzo por los grupos parlamentarios del PRI, el Verde Ecologista y Nueva Alianza.

En el plano electoral, esos partidos son los que conforman la alianza Todos por México, que postula a José Antonio Meade para la presidencia, quien, como los demás candidatos, ha prometido acabar con la corrupción en México.

“El artículo 7 del predictamen prevé exentar de la regulación los pagos que se hagan a los medios de comunicación para publicar ‘disposiciones normativas, resoluciones y actos administrativos o judiciales y demás información sobre las actuaciones gubernamentales que deban publicarse o difundirse por mandato legal’”, subrayaron las organizaciones civiles.

“Esta situación abre la puerta a la corrupción y al desvío de recursos de uno a otro concepto”.

Explican también que la sentencia de la Corte busca que se regule el Artículo 134 constitucional por la falta de criterios claros y objetivos de asignación de la publicidad oficial.

“Sin embargo, el predictamen no prevé nada al respecto, simplemente remite a la creación de lineamientos por parte de la Secretaría de Gobernación, situación que no cambia nada a la asignación discrecional y excesiva de este concepto de gasto”.

En total, las organizaciones enlistan cinco puntos por los que consideran que el dictamen que discutirán los diputados viola la Constitución y los tratados internacionales que México a suscrito.

“Pero aún, el documento institucionaliza malas prácticas y atenta directamente contra un estado democrático y de derecho”, sentencian.

César Martínez
Agencia Reforma