La Secretaría de la Función Pública (SFP), adonde el presidente Andrés Manuel López Obrador busca descargar las tareas de transparencia en su plan para desaparecer al INAI, es experta en reservar información.

De acuerdo con el índice de expedientes clasificados como reservados de la SFP, en solo 18 meses la dependencia ordenó limitar el acceso a 6 mil 572 expedientes bajo distintas justificaciones, en distintos momentos y por plazos que van de seis meses hasta cinco años.

En promedio, la Función Pública clasificó 12 expedientes cada día y 365 cada mes desde enero de 2019.

El índice, que está disponible en el sitio web de la dependencia, detalla si se trata de clasificaciones totales o parciales, cita los fundamentos legales para reservar cada expediente y reporta qué documentos reservados fueron desclasificados al momento del informe.

En el primer semestre de 2019, la Función Pública ordenó reservar mil 575 expedientes de distintos órganos internos de control y vigilancia que abarcan, entre decenas, al SAT, la Policía Federal, la Fiscalía General de la República, Banobras y la Secretaria de Comunicaciones  y Transportes.

En la segunda mitad del 2019 fueron reservados 4 mil 66 expedientes y en el primer semestre de 2020 fueron 931 expedientes.

Durante ese periodo, el último publicado por la Función Pública, hay 155 casos en los que se determinó reservar durante cinco años, por razones que van desde la obstrucción a actividades de verificación, inspección y auditoría, hasta el riesgo a la vida y la seguridad de personas físicas. El pasado 7 de enero, el presidente planteó que la SFP sea la que responda a las solicitudes de transparencia y un día después sugirió que se sancione a quienes no las cumplan ágilmente.

“¿No puede pasar esa función a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación o a la Fiscalía Anticorrupción?”, planteó en la conferencia en Palacio Nacional.

“Que se esté obligado en 72 horas a entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado”, dijo un día después; “eso lo puede hacer la oficina o la Secretaría de la Función Pública, ahí se entrega la solicitud, o a cada dependencia”.

Gerardo Gómez
Agencia Reforma