La Secretaria de Energía (Sener) se dispone a solicitar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la fijación inmediata de precios máximos para venta de gas LP, con base en una “Directriz de Emergencia para el Bienestar del Consumidor”.
Lo anterior, pese a que el articulo 82 de la Ley de Hidrocarburos de 2014 señala que, a partir de enero de 2017, los precios del gas LP se determinarían conforme a las condiciones de mercado.
Esta medida se anuncia en paralelo a la orden del Presidente López Obrador para crear la empresa estatal Gas Bienestar, que venderá cilindros a precios aparentemente subsidiados o menores que los distribuidores privados.
“Esta Secretaría como autoridad coordinadora del sector energético advierte la necesidad de generar un marco de protección a los consumidores de gas LP para atender de emergencia un problema en la industria del gas LP, el cual ha provocado un problema social y de seguridad nacional, que requiere de una respuesta urgente”, dice el proyecto de Directriz, fechad hoy mismo y publicado por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CRE).
“Por todo lo anterior, la Sener ve necesaria como medida de emergencia que la CRE emita normatividad de emergencia, en un plazo no mayor a tres días, que garantice el bienestar de las familias mexicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder de manera asequible a un energético de consumo básico en los hogares, como es el gas LP; que no fomente la riqueza de un sector de la industria a costa del daño a otro”, agrega.
Como la CRE es un órgano descentralizado con autonomía técnica, al que en teoría la Sener no le puede dar ordenes directas, el proyecto agrega:
“Se exhorta a la CRE a establecer una metodología que fije precios máximos al consumidor final de gas LP, considerando el establecimiento de condiciones para el acceso asequible al combustible, a un costo que prevea el desarrollo de la industria y garantice la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. Dicha normatividad tendrá la misma vigencia que la presente directriz”.
En la práctica, la CRE ha ejecutado sin chistar prácticamente todas las políticas en materia energética ordenadas por el actual Gobierno desde 2019.
Si la CRE fija las tarifas máximas, son previsibles amparos de las empresas privadas, ante el mandato expreso de ley que no las permite.
La Directriz acusa a las empresas comercializadoras y distribuidoras de gas LP de prácticas monopólicas -tema sobre el cual está abierta una investigación de la Comisión Federal de Competencia Económica-, ya que la parte final de la cadena de valor es la única que no esta sujeta a tarifas reguladas.
“La práctica común de ilícitos por parte de permisionarios, repartidores y comisionistas de gas LP derivado el esquema organizacional que las empresas coludidas han desarrollado, entre ellas, el repartirse las zonas de venta, motivo por el cual los expendedores incurren de manera recurrente en actividades irregulares, mismas que además de generar inestabilidad en el suministro del producto, ha traído como consecuencia condiciones adversas para la sociedad, entre las más comunes se encuentran las riñas por las zonas de ventas, lesiones entre los involucrados, muertes, daño en propiedad privada, exponiendo no solo sus vidas y las de los vecinos”, dice el proyecto.
Justifica además que el Estado tiene facultades Constitucionales de rectoría económica que permiten imponer limitaciones a ciertos agentes.
“Partiendo de la base de una desigualdad social fáctica, el Estado debe ejercer una intromisión directa tratándose de sectores vulnerables, por lo que las desigualdades sociales y económicas deben ser reguladas de modo tal que resulten justas para el público en general”, afirma.
Destaca además que los cinco grupos dominante de distribución de gas lp siguen contentando alrededor de 50 por ciento del mercado.
Víctor Fuentes
Agencia Reforma
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