El ayuntamiento de Epazoyucan no ha transparentado las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores del municipio, debido a que estos decidieron no hacerlas públicas, indicó Guillermo Pérez Lara, contralor interno de la administración local, pese a que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece la obligatoriedad de emitir una versión pública.
Criterio consultó el portal de transparencia de la demarcación y el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (Sipot): en ninguno de los sitios web está disponible la versión que exhiba información completa o restringida sobre el patrimonio de los funcionarios.
Pérez Lara indicó que, con base en los artículos 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 37 de su reglamento, los burócratas tienen el derecho de reservar sus datos.
El primero estipula que se consideran confidenciales los datos personales relacionados con una persona física identificada o identificable, así como los secretos bancarios, industriales, comerciales, fiscales, bursátiles y postales, cuya titularidad corresponda a particulares o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.
El segundo, que esa información será de carácter privado, salvo que el titular de los datos autorice lo contrario o una autoridad lo mande.
“No son públicas (las declaraciones) porque es un derecho de los titulares de esa información publicarlas o no. En este caso, todos han decidido que no”, mencionó Pérez Lara, en entrevista con Criterio.
Sin embargo, el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas indica que en las declaraciones patrimoniales y de intereses únicamente no hay obligatoriedad de hacer públicos los rubros que puedan afectar la vida privada o los datos personales.
Giovanny Flores I Pachuca