Un tribunal federal acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) ha actuado con “pasiva negligencia” en las diligencias de la Estafa Maestra.

Debido a ello, dio un plazo de 30 días hábiles a la FGR para interrogar en calidad de testigos del caso a seis exfuncionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre ellos la exdirectora de Asuntos Forenses Muna Buchahin.

El Primer Tribunal Colegiado Penal en Ciudad de México concedió en última instancia un amparo a Humberto René Islas Cortés, exdirector general de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Sedatu y la Sedesol, para que comparezcan los exservidores públicos.

La FGR deberá citarlos a declarar “teniendo libertad del uso de medios de apremio para lograrlo”, con el propósito de garantizar el derecho del imputado Islas Cortés a tener acceso oportuno a la justicia, en el caso de la Estafa Maestra.

Además de Buchaín, los testigos que serán requeridos son Juan Javier Pérez Saavedra, exauditor especial de Cumplimiento Financiero, y Griselda Galindo, exjefa de departamento de la ASF, hoy directora de Auditoría y Control a Programas de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de Puebla.

También, Víctor Santiago Enríquez, exdirector de Auditoría Forense B de la ASF y hoy subsecretario de Control y Auditoría de la SFP Puebla; Felipe de Jesús Toledo Villa Lobos, exsubdirector de Auditoría Forense B1; y Álvaro Díaz de la Cruz, exjefe de departamento.

Después de tres años, los exintegrantes de la ASF serán requeridos dentro de la averiguación previa integrada por diversos desvíos a contratos fantasma con universidades públicas.

De acuerdo con el fallo judicial, Islas Cortés pidió desde el 11 de diciembre de 2017 citar como testigos a los exfuncionarios de la ASF, artífices de las auditorías que derivaron en acciones penales contra Rosario Robles
y otros de sus excolaboradores.

El 19 de diciembre del mismo año, la FGR ordenó “preparar” los citatorios, pero desde entonces no se han desahogado las diligencias, pese a que se trató de obtener los domicilios particulares mediante solicitudes a la ASF y la Policía Federal Ministerial.

Ante la lentitud para citarlos, el indiciado promovió un amparo ante el juez federal Antonio González García y lo ganó en primera instancia para que los citaran.

El juez consideró que ya había transcurrido un plazo razonable para desahogar las testimoniales y que no se justifica la tardanza que exhibe una “pasiva negligencia” de la autoridad.

La Fiscalía presentó un recurso de revisión, pero en un fallo unánime el tribunal colegiado decidió desecharlo, al estimar que el Ministerio Público no está legitimado para impugnar este amparo, ya que citar a testigos no le causa ninguna afectación a sus intereses.

Staff I Agencia Reforma