El único proyecto de asociación público-privada (APP) pendiente de asignar contrato por el actual gobierno lleva meses en la incertidumbre.

Desde octubre pasado, Banobras tiene a las constructoras más importantes del país esperando el fallo del concurso APP del Paquete Sureste, valuado en unos 14 mil millones de pesos, para la rehabilitación, operación y mantenimiento durante 10 años de 522 kilómetros de cinco autopistas en Veracruz, Chiapas, Campeche, Tabasco. Entre rumores de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes quiere cancelar la APP, el viernes pasado el banco aplazó por sexta vez el fallo, originalmente agendado para el 30 de octubre y ahora previsto para el 5 de febrero.

Con ello, la entrega de las carreteras al nuevo operador se está postergando más de tres meses, del 1 de febrero planeado, hasta el 6 de mayo, es decir, casi un año después de que se publicó la convocatoria para el concurso, el 18 de mayo de 2020. El 5 de octubre, ocho consorcios que son un auténtico quien es quien de la industria de la construcción presentaron ofertas a Banobras, que no ha revelado las propuestas económicas.

En diversos consorcios, participan ICA, Prodemex, Mota-Engil, Grupo Hycsa, Idinsa, Aldesem, Grupo México, Sacyr, Omega, Caabsa, Coconal, Gami Ingeniería y Regiomontana de Construcciones, por mencionar algunas.

Desde 2011, las autopistas están concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), del que Banobras es fiduciario.

En el esquema APP, la empresa privada invierte para rehabilitar, operar y mantener las autopistas, a cambio de un pago anual del gobierno.

En agosto pasado, Fonatur tuvo que cancelar el proyecto APP para el tramo 5 del Tren Maya, de Cancún a Tulum, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el esquema, por el cual el gobierno pagaría más de 40 mil millones de pesos durante 18 años al consorcio constructor, a cambio de la inversión privada inicial de 16 mil millones de pesos para las obras.

Víctor Fuentes I Agencia Reforma