Marina Luqueño Castro, vecina y delegada del ejido Paraíso Sur, en Tulancingo, se resiste a ser desalojada del predio donde ha vivido por más de 50 años, luego de que un ejidatario ganara el juicio por invasión de la parcela 108, cometida por varias familias.

“Es una situación muy injusta porque esa parcela fue indebidamente asignada al señor Gonzalo por parte de la asamblea ejidal”, refirió.

En su edición del 30 de agosto, Criterio informó que Gonzalo Hernández Cortés, acompañado de un actuario del Tribunal Agrario, se presentó el miércoles en la zona para hacer efectiva la orden
de desalojo.

El jueves ambas partes firmaron un acta en la que se estableció que llegarán a una negociación económica para evitar que 12 familias se queden sin patrimonio; sin embargo, los afectados piden un precio acorde con el valor de un ejido.

“Nos gustaría que por medio del gobierno del estado o de la autoridad municipal nos ayudaran a lograr una negociación justa”, dijo Luqueño Castro.

“El señor Gonzalo quiere que paguemos por nuestras casas a 2 mil pesos el metro cuadrado. No vamos a poder con esa cantidad; somos personas que vivimos al día”, argumentó.

La representante vecinal explicó que en 2015 las familias ya habían enfrentado otro intento de desalojo que evitaron gracias a la intervención de los colonos; además, agregó que desde entonces los afectados han solicitado la ayuda de los diferentes niveles del gobierno para no perder sus casas.

Nathali González
Tulancingo