Se ampara planta de biogás otra vez contra Semarnath
Foto: Juan Martínez

Se ampara planta de biogás otra vez contra Semarnath

El representante legal de la empresa de biogás Energía de Pachuca SAPI de CV, ubicada en el relleno sanitario de El Huixmí, Argenis Gómez Aldana, interpuso un nuevo amparo contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo (Semarnath) contra probables actos de clausura del inmueble.

De acuerdo con información del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), mediante el amparo indirecto 20/2020, el pasado 9 de enero se ingresó dicho recurso al Juzgado Primero de Distrito de Hidalgo, en el que se resolvió que no era competente para conocer el requerimiento.

La juez Bertha Patricia Orozco Hernández ordenó enviar el expediente al Juzgado Cuarto de Distrito, a cargo de Miguel Ángel Villaseñor Reyes, con sede en Pachuca para que acepte o rechace el asunto de la planta que opera desde 2018, hoy suspendida, según información de la Semarnath.

De acuerdo con el área de Comunicación Social de la dependencia, de operar “se estaría ante un acto ilegal”.

Villaseñor Reyes también conoce de otro amparo con número 1525/2019, que acusó la violación de los artículos constitucionales 14 y 16, que indican que “nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos”, tampoco “ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones”.

El 19 de diciembre, la Semarnath colocó sellos de suspensión en la empresa, asimismo acusó que los trabajadores de la firma violentaron los sellos de suspensión para continuar operando.

El área jurídica de la Semarnath denunció los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), que inició la carpeta de investigación número 12-2019-17722 por quebrantamiento de sellos y resistencia de particulares.

El 20 de diciembre, según información de la judicatura, el Poder Judicial Federal concedió la suspensión a la empresa y ordenó a las autoridades ambientales y de la empresa de biogás trabajar en conjunto.

“Las autoridades responsables deben adoptar las medidas de seguridad necesarias en colaboración con el personal de la empresa quejosa, a fin de evitar que se coloque en riesgo a la población con motivo de la operación de la planta de energía eléctrica”, dice la resolución.

Será el próximo 29 de enero cuando en el Juzgado Cuarto de Distrito se efectúe la audiencia del juicio de amparo para determinar quién de las partes tiene la razón.

Marisol Flores

Pachuca

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