Santiago Nieto Castillo, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), afirmó que demandará por difamación al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, pues aseguró que los señalamientos en su contra por supuesto ejercicio indebido y abuso de autoridad son falsos.
Medios nacionales informaron que el exmandatario denunció al que fuera titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), además de Américo Villarreal y al juez federal Zeferino Hernández por diversos motivos, entre ellos por delitos contra la administración de la justicia.
El abogado de Cabeza de Vaca, Javier Coello Trejo, señaló que los funcionarios antes mencionados supuestamente usaron sus cargos para actuar legalmente en contra de su representado “con base en engaños” con el objetivo de destituirlo como gobernador de la referida entidad.
La investigación y posterior proceso judicial contra Francisco “N” fue resultado de una colaboración interinstitucional; en la que participaron autoridades administrativas, ministeriales, judiciales e incluso la Cámara de diputados y diputadas, todas en uso de sus facultades.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) March 28, 2023
Por otro lado, el litigante agregó que los antes señalados solicitaron al senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán para que recopilara información de las redes sociales por parte de medios para presentar lo anterior como “evidencias” para iniciar un proceso en contra del exmandatario tamaulipeco.
Además, dio a conocer que el ahora procurador interino de Hidalgo usó información financiera incompleta, la cual se obtuvo mientras era el encargado de la UIF, por lo que se inició la investigación en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
Galilea Monroy | Pachuca
También te puede interesar Presentan iniciativa de la Ley Leslie para castigar la violencia ácida
La mañana de este martes, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) y el Congreso local presentaron la iniciativa para crear la llamada Ley Leslie, con la que se busca tipificar las agresiones mediante el uso de sustancias corrosivas y que se pretende establecer penas de seis a 14 años de prisión, que se pueden agravar en caso de que el perpetrador sea una persona cercana.
