Un ex funcionario vinculado a proceso, 39 indagatorias en curso, adjudicaciones a empresas fantasma y miles de pesos de irregularidades es el saldo de tres años de operación del Sistema de Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), uno de los proyectos del Presidente Andrés Manuel López Obrador que más señalamientos por corrupción enfrenta.
El organismo fusionó a Diconsa y Liconsa con el objetivo de abastecer a comunidades rurales de productos de la canasta básica a precios subsidiados e implementar programas de apoyo a pequeños productores.
Entró en operación en 2019, en medio de acusaciones del Presidente y de su primer titular, Ignacio Ovalle, de anomalías en el padrón de productores de Liconsa y de “huachicoleo” de leche.
En abril pasado, Ovalle dejó el cargo acusado de malos manejos y fue designado por López Obrador coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), adscrito a la Secretaría de Gobernación.
Desde su primer año de operación, Segalmex ha sido señalado por diversas irregularidades. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que en 2019 causó un posible daño al erario público por 3 mil 396 millones de pesos, entregó sin licitar 17 contratos por 689 millones y no acreditó la compra de trigo panificable por 516.1 millones de pesos ni los apoyos y subsidios entregados a productores de leche.
Un año después, productores de Durango y Zacatecas denunciaron la entrega de semillas de frijol de mala calidad, la fiscalización al organismo arrojó irregularidades por más de 5 mil 640 millones de pesos y adjudicó de forma directa 21 contratos por 67 millones de pesos a Grupo Marhel, filial de una empresa fantasma implicada en una red de lavado de dinero mediante el envío de alimentos a Venezuela.
En 2021, dirigentes campesinos de Guerrero exhibieron que cientos de toneladas de maíz compradas por Segalmex se estaban echando a perder, no entregó evidencia del reparto de maíz y frijol por 212 millones y un despacho contable contratado para revisar sus estados financieros se negó a validarlos debido a una operación plagada de irregularidades por al menos 9 mil 500 millones de pesos.
En enero pasado, la Presidencia informó que tres directores de Segalmex habían sido destituidos y demandados por diversas irregularidad y tres meses después, un juez vinculó a proceso a René Gavira, ex jefe de la Unidad de Administración y Finanzas, por la presunta compra ilegal de 100 títulos bursátiles, con un valor de 100 millones de pesos con recursos del organismo.
Debido a estos presuntos actos de corrupción que implican miles de millones de pesos, Segalmex enfrenta 22 carpetas de investigación abiertas por la FGR y 17 expedientes iniciados por la Secretaría de la Función Pública.
Martha Alicia Martínez Paredes
Agencia Reforma
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