La extorsión y cobro de piso se disparó en Acapulco.

Comerciantes, transportistas, taxistas y prestadores de servicios advierten un aumento de casos.

“Nos piden dinero para poder abrir nuestros negocios”, acusó Alejandro Martínez Sidney, dirigente de la Federación de Cámaras de Comercio (Fedecanaco).

A cien días del nuevo ayuntamiento morenista en Acapulco, Martínez Sidney advirtió que el operativo iniciado por el Gobierno federal hace dos meses no ha dado resultados.

“Este operativo no ha dado resultados y la prueba está de que la violencia está imparable”, externó sobre la estrategia conjunta con la Federación, la cual arrancó el Guerrero en noviembre pasado.

Exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, parar la violencia que existe en Acapulco. El último caso ligado a este delito es el del empresario farmacéutico Roberto Morales Silva, de 48 años, quien fue sacado de su casa, secuestrado y luego encontrado asesinado.
Martínez Sidney dijo a REFORMA que en el círculo empresarial se presume que la delincuencia quería extorsionar a la víctima.

“Suponemos que la delincuencia lo quería extorsionar, porque hace semanas tenía ya guardias de seguridad privada, vimos guardias también en sus farmacias”, explicó el líder de los empresarios.

“Era un empresario que estaba afiliado a nuestra organización que se mantenía de bajo perfil precisamente para no llamar la atención a la delincuencia”.

Y mientras este empresario alza la voz, líderes taxistas, comerciantes y de transporte público han decidido callar por miedo a represalias, como más cobros o atentados en contra de su vida.

Guerrero registró durante 2021 (hasta noviembre) una tasa de 5.75 extorsiones por cada 100 mil habitantes, una de las más altas del país. En el estado, transportistas y comerciantes han sido asesinados por no pagar esas cuotas al crimen.

Jesús Guerrero | Agencia Reforma