El próximo 29 de abril será resuelto el amparo que promovió Promotora Integral Innova SA de CV, propiedad de Jesús Bravo Paredes, quien es investigado por presuntamente participar en la red de lavado de dinero por la cual se investiga a Gerardo S. C., exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), contra el bloqueo de sus cuentas bancarias.
De acuerdo con los autos del expediente 508/2021, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito de Hidalgo, la audiencia constitucional, en la que se resolverá de fondo el asunto, se llevará a cabo a finales de este mes, casi a un año de haber iniciado este juicio, toda vez que el recurso fue tramitado el 4 de mayo de 2021.
En junio del año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló diferentes cuentas en Banorte, Santander, Banamex y Scotiabank de la constructora de Bravo Paredes, quien fue señalado por recibir contratos de la UAEH a cambio de proyectos para el líder de Grupo Universidad, quien enfrenta su proceso penal en prisión domiciliaria, luego de haber permanecido 17 meses recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un monto de 58.2 millones de pesos.
El dueño de Promotora Integral Innova recibió contratos de la institución educativa, a través de licitaciones presuntamente pactadas para desviar recursos universitarios, a cuentas de Gerardo S. C.
Giovanny Flores I Pachuca
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El Tribunal de Enjuiciamiento determinó que el Ministro Público (MP) no pudo demostrar la responsabilidad penal de Fernando Ríos Maqueda por el asesinato de Gerardo Sosa Cravioto, hijo de Gerardo Sosa Castelán, delito por el cual lo imputó la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) y pasó dos años privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social de Pachuca.
Durante la audiencia de verificativo de la sentencia, llevada a cabo ayer, los jueces que integraron dicho órgano colegiado desglosaron las pruebas y testimoniales que desecharon, al considerar que no tenían validez probatoria, al no haberse realizado con base en lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).
