Nuevamente, al igual que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón, en esta administración se implementará un padrón de usuarios de celulares pese a los riesgos asociados por ciberseguridad.

El jueves, la Cámara de Diputados aprobó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil que va a contener nombre, domicilio y datos biométricos de los titulares de las cerca de 120 millones de cuentas existentes.

La iniciativa aprobaba tiene una similitud con la propuesta en 2009 para crear el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut), que buscaba combatir la delincuencia, pero que por su ineficacia fue derogado
en 2012.

“El tema grave es que el estado ha probado ser un muy pobre salvaguarda de las bases de datos, y un registro de biométricos, custodiado por el estado, es la forma más fácil de darle las llaves de todos tus accesos bancarios a un potencial hacker.

“Tendrían que cambiar muchos de sus protocolos de acceso todos los bancos que precisamente se están moviendo hacia biométricos, y biométricos de comportamiento”, dijo Manuel Rivera, especialista en ciberseguridad.

A diferencia de una contraseña, los datos biométricos de una persona son inmutables, por lo que si alguien obtiene la base de datos de información biométrica, podría utilizarla para acceder a cuentas y servicios financieros.

El registro será una base de datos operada y regulada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y para mantenerlo actualizado los concesionarios de telecomunicaciones suministrarán información relativa a altas, bajas, cambios de propietarios, robos y extravíos.

Tan solo entre noviembre de 2019 y julio de 2020, al menos 7 dependencias e instituciones públicas del gobierno federal, entre ellas Pemex, fueron vulneradas por ciberatacantes.

La composición del mercado móvil en México, donde 75 por ciento de las líneas son prepago, podrían traer dificultades para lograr el registro de todas las líneas pues, en algunos casos, los SIMs activados en prepago quedan en desuso al mes de ser adquiridos, mencionó Jesús Romo, director de Telconomía.

La organización Artículo 21 advirtió que la información tiene potencial de utilizarse de forma abusiva y contraria a derechos.

Ailyn Ríos, Mayolo López y
Benito Jiménez
Agencia Reforma