El caso ya se encontraba en etapa de sentencia y a punto de causar ejecutoria desde la administración anterior

El coordinador jurídico de Tula compareció ante la Asamblea municipal | Foto: Miguel Martínez
En una comparecencia ante integrantes de la Asamblea municipal, el coordinador jurídico de la alcaldía de Tula, Fernando Larios Sánchez, informó que el ayuntamiento se ahorró aproximadamente 30 millones de pesos de multa por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ante el impago del servicio de seguridad social del exdirector de Protección Civil Eliseo Segura Jiménez.
Detalló que el caso ya se encontraba en etapa de sentencia y a punto de causar ejecutoria desde la administración anterior y que formaba parte de los pendientes de la exsíndica jurídica Guadalupe Ibáñez Cornejo.
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La omisión del municipio había sido objeto de un crédito constitutivo por parte del IMSS por la negativa de la alcaldía a pagar la cantidad que demandaba el exdirectivo.
El asunto no había sido atendido por la sindicatura jurídica de la Asamblea de Tula, debido a que por casi siete meses no tuvo titular.

Por ello, explicó Larios Sánchez, el área a su cargo, asumió la representatividad legal de Tula; además, logró convenir con Eliseo Segura un pago único de 200 mil pesos como compensación de la falta de servicio médico por casi 10 años de servicio, así como 15 mil pesos mensuales por 10 años como pago de los pasivos generados durante ese tiempo.
El funcionario de Tula añadió que dicho convenio forma parte de los 11 casos resueltos durante los siete meses que la sindicatura jurídica permaneció acéfala, en 10 de los cuales el municipio no erogó más de 195 mil pesos por cada uno.
Asimismo, reconoció que no se incluye el caso de los nueve expolicías de Tula que alegaron despido injustificado y a quienes se les pagó un total de 7 millones 774 mil pesos, ya que cada procedimiento fue de monto diferenciado.
En una comparecencia ante integrantes de la Asamblea municipal, el coordinador jurídico de la alcaldía de Tula, Fernando Larios Sánchez, informó que, en los casi siete meses que el ayuntamiento careció de un síndico jurídico, se resolvieron siete de nueve juicios laborales por parte de expolicías locales, lo que representó un ahorro para las arcas de 3 millones 256 mil pesos.
El funcionario detalló que, debido al actuar de su área y del personal de la sindicatura de Tula, se evitó que el municipio pagara 11 millones por el despido “injustificado” de los exagentes y únicamente se solventaron 7 millones 774 mil pesos.
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