¿El cabildo de Tepeji del Río aprobó la contratación de un despacho jurídico?

Con nueve votos en contra, cinco a favor y una abstención, integrantes del cabildo de Tepeji del Río rechazaron la autorización de la contratación de un despacho jurídico para resolver los temas legales de la alcaldía.

De acuerdo con la regidora del PT, Noemí Zitle Rivas, los servicios de la firma de abogados costarían al municipio poco más de un millón 200 mil pesos por los tres años de administración.

Te puede interesar: Festejará Tepeji del Río 466 años de su fundación con una gran celebración

Durante su participación, acusó que ese contrato venía con fecha del 11 de septiembre, por lo que se está recurriendo a los servicios del despacho jurídico desde días antes de que el documento se pusiera a consideración.

De esta manera, enfatizó que “hay una ilegalidad muy grande”, la cual deberá ser revisada tanto por la Contraloría estatal como por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).

La edila acusó que “parece que al gobierno de la presidenta Tania Valdez no le importa la legalidad, sino cumplir con los compromisos que ya se venían arrastrando con anterioridad, probablemente desde que fue diputada local por el distrito de Tepeji del Río durante la Legislatura pasada”.

¿Hay un priista en el despacho jurídico que pretenden contratar en Tepeji del Río?

En el desarrollo del encuentro de Asamblea se advirtió que el representante legal del despacho de asesoría jurídica es Roberto Rico Ruiz, quien es identificado como militante del PRI e, incluso, fue funcionario de primer nivel durante la gestión del exgobernador Omar Fayad Meneses.

Te puede interesar: Tepeji de Río: Protesta por policía encarcelado sacude la sesión de Cabildo

Otras participaciones en contra de la contratación del despacho jurídico en Tepeji del Río fueron las del síndico jurídico Ulises Castillo Enríquez y el regidor Brian Guadarrama Pérez; en el primer caso, afirmó que el hecho de que se contrate a una firma haría que les quiten “aún más” sus derechos y facultades a los miembros de la Asamblea.

Por su parte, el segundo edil externó que la empresa a considerar no está en el Registro Estatal de Proveedores, lo que “es en sí una práctica de corrupción, que se presta a que haya opacidad”.

Únete a nuestro Canal de WhatsApp y recibe las noticias en tiempo real: https://bit.ly/3S0OztH